Invaden terreno en Cuautlancingo – 26 de mayo de 2017
El 26 de mayo de 2017, vecinos de Cuautlancingo denunciaron una invasión a un terreno privado ubicado en la calle Vicente Guerrero de la junta auxiliar de Sanctórum, que conecta con el Parque Industrial Finsa. Los invasores, presuntos miembros de Antorcha Campesina, tenían la intención de fraccionar la propiedad para venderla con fines habitacionales. Este hecho generó gran preocupación entre los habitantes de la zona debido a la posibilidad de que la organización, conocida por su vinculación con el PRI, ampliara su influencia en el área mediante la ocupación ilegal de terrenos.
Reacción de las autoridades locales
Ante las denuncias, el regidor Rafael Ramírez Hernández, quien representaba a la población en el ayuntamiento de Cuautlancingo, confirmó que varios residentes se habían acercado a la autoridad local para presentar una queja formal sobre la invasión. Los vecinos expresaron su temor de que la organización Antorcha Campesina no solo se apoderara de los terrenos en la calle Vicente Guerrero, sino que también pudiera intentar invadir más propiedades en la zona, lo que podría alterar gravemente el orden urbano y afectar la propiedad privada de los ciudadanos.
El contexto de las invasiones de Antorcha Campesina
La invasión de terrenos en Cuautlancingo no fue un hecho aislado. La organización Antorcha Campesina, con una fuerte presencia en varias localidades de Puebla y en muchas otras partes del país, ha sido acusada en diversas ocasiones de invadir terrenos tanto públicos como privados, fraccionarlos de manera ilegal y luego venderlos a sus agremiados o a otras personas. La estructura organizativa de Antorcha Campesina suele estar vinculada al PRI y se caracteriza por su influencia en las elecciones locales y federales, lo que les da un poder considerable en la gestión de recursos y terrenos.
Este tipo de actividades, generalmente promovidas por líderes de la organización, permiten a Antorcha controlar grandes áreas de terrenos y propiedades que, con el tiempo, se convierten en asentamientos irregulares o colonias populares. Estas prácticas han sido ampliamente criticadas por diversos sectores de la sociedad, ya que fomentan la ilegalidad y crean problemas de urbanización en las zonas invadidas, sin el debido proceso legal ni planificación adecuada.
Preocupaciones por la expansión de las invasiones
El temor de los vecinos de Cuautlancingo se basaba en el precedente de otras invasiones de Antorcha Campesina en la región, que, a lo largo de los años, habían despojado de tierras a propietarios legítimos. En este caso, la invasión de la propiedad en la calle Vicente Guerrero, cerca del Parque Industrial Finsa, se vio como una amenaza para el desarrollo urbano ordenado y para la seguridad jurídica de quienes habían adquirido sus terrenos de manera legal.
Además de la invasión en Cuautlancingo, Antorcha Campesina ya había tomado posesión de un edificio de 500 departamentos en el fraccionamiento Álamos, una zona habitada por aproximadamente 3,000 personas. Este tipo de acciones contribuye a la expansión de la organización en diversas localidades, generando un problema de control territorial que complica aún más la gestión urbana y la implementación de políticas públicas en las áreas afectadas.
Repercusiones sociales y políticas
La ocupación ilegal de terrenos por parte de Antorcha Campesina no solo afecta a los propietarios directos de las propiedades invadidas, sino también a las comunidades en general. La falta de legalidad en los asentamientos generados por estas invasiones crea situaciones de inseguridad y falta de servicios básicos, lo que afecta la calidad de vida de los residentes. Además, estas invasiones se producen en un contexto donde las autoridades locales a menudo parecen ineficientes para prevenir o erradicar este tipo de prácticas, lo que genera desconfianza entre los ciudadanos y una sensación de impunidad.
Por otro lado, la presencia de Antorcha Campesina en estos territorios genera una dinámica política compleja, ya que la organización tiene la capacidad de movilizar votantes en procesos electorales, lo que le permite ejercer una influencia considerable en las decisiones políticas locales. En muchos casos, la organización ha sido acusada de usar las invasiones de terrenos como una forma de presionar a las autoridades para conseguir beneficios políticos o económicos, lo que pone en duda la transparencia en la gestión de recursos y la justicia social que predica.
Conclusiones y desafíos para las autoridades
La invasión de terrenos en Cuautlancingo por parte de Antorcha Campesina es un ejemplo de las complejas dinámicas de inseguridad jurídica y despojo de tierras que afectan a varias localidades en Puebla. Aunque el regidor Rafael Ramírez Hernández y otros funcionarios locales mostraron disposición para intervenir, el caso refleja una vez más la dificultad de las autoridades para enfrentar las prácticas ilegales de organizaciones que operan al margen de la ley. La situación también pone en evidencia la necesidad de una mayor vigilancia y control en las zonas urbanas y rurales para evitar que este tipo de invasiones se repitan y afecten a más familias y propietarios legítimos.
La comunidad de Cuautlancingo y las autoridades municipales deben estar alerta para evitar que este tipo de situaciones sigan escalando, y se debe buscar una solución legal que proteja tanto los derechos de los propietarios como el orden público en la zona.
Antorchistas amagan con plantón en Tehuacán contra medidores de agua – 31 de agosto de 2017
El 31 de agosto de 2017, un grupo de cerca de un centenar de integrantes de Antorcha Campesina se manifestó en el palacio municipal y en las principales avenidas del centro de Tehuacán, exigiendo que la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, detuviera la instalación de medidores de agua en la Colonia Paraíso de Jesús. Los manifestantes demandaron que la instalación de los medidores fuera suspendida, argumentando que esta medida afectaría a los residentes de la zona. La protesta estuvo acompañada de un ultimátum: si no obtenían una respuesta favorable en un plazo de ocho días, anunciaron que iniciarían un plantón indefinido en la explanada del municipio.
El contexto de la protesta
La protesta surgió en respuesta a la decisión del gobierno municipal de instalar medidores de agua en la Colonia Paraíso de Jesús, una zona con alta presencia de asentamientos irregulares y un histórico déficit de infraestructura urbana. Los residentes de la colonia, apoyados por los antorchistas, se opusieron a esta medida, argumentando que el cobro por el servicio de agua potable a través de medidores sería una carga económica injusta para muchas familias que ya enfrentaban dificultades económicas. Además, señalaban que la falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua en la zona haría que la medida fuera innecesaria e ineficaz.
La postura de Antorcha Campesina
Antorcha Campesina, una organización conocida por su vinculación con el PRI y por su capacidad de movilización en diversas localidades, utilizó esta situación como una plataforma para presionar a las autoridades municipales. El grupo acusaba al gobierno local de desinterés por las necesidades de las colonias populares y denunciaba que las políticas de cobro de servicios básicos, como el agua, afectaban principalmente a las clases más desfavorecidas.
Los líderes de Antorcha Campesina en Tehuacán, liderados en este caso por Ernestina Fernández Méndez, acusaron a las autoridades municipales de no considerar las condiciones sociales y económicas de los residentes de la colonia, quienes, según argumentaban, no podían afrontar el costo adicional de los medidores. La organización también se mostró dispuesta a utilizar sus tácticas de presión social, como los plantones y manifestaciones, para lograr que la administración municipal desistiera de la medida.
La respuesta de las autoridades municipales
Ante la amenaza de un plantón indefinido, la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, expresó su disposición a dialogar con los manifestantes para encontrar una solución que beneficiara tanto a los ciudadanos como al municipio. No obstante, la alcaldesa defendió la instalación de medidores como una medida necesaria para regularizar el servicio de agua y garantizar su distribución de manera más equitativa. Según Fernández Méndez, la instalación de los medidores ayudaría a combatir el desabasto y a garantizar el acceso justo al agua, especialmente en una ciudad con crecimiento acelerado y una infraestructura hídrica que no siempre estaba a la altura de las demandas.
Impacto de la manifestación en la ciudad
La protesta en Tehuacán no solo movilizó a los antorchistas, sino que también generó una gran preocupación entre los residentes de otras colonias populares, quienes temían que las políticas de cobro del agua se extendieran a otras zonas de la ciudad. La presencia de Antorcha Campesina, una organización con una gran capacidad de movilización, hizo que la protesta tomara un giro político. Los antorchistas utilizaron la situación para criticar las políticas del gobierno local y demandar una mayor atención a las necesidades de los sectores más empobrecidos de la ciudad.
La manifestación, que se llevó a cabo en lugares estratégicos de la ciudad, como el palacio municipal y las avenidas principales, también tuvo un impacto en el tráfico y la actividades cotidianas de los ciudadanos. A pesar de las interrupciones, muchos residentes de Tehuacán se mostraron solidarios con la causa, temiendo que la instalación de los medidores pudiera ser el inicio de una serie de medidas que afectaran más a las comunidades vulnerables.
Tensiones políticas y sociales
La protesta en Tehuacán también reflejó la tensión política en la ciudad entre el gobierno municipal y los grupos de oposición, como Antorcha Campesina. Este grupo, históricamente ligado al PRI, ha mantenido una relación cercana con varios actores políticos en Puebla. Sin embargo, las políticas de la administración de Ernestina Fernández Méndez no siempre han sido bien recibidas por los sectores más populares, quienes consideran que las autoridades no han cumplido con sus promesas de mejora en los servicios básicos y el bienestar social.
El conflicto sobre la instalación de medidores de agua se convirtió en un campo de batalla política entre el gobierno local y los movimientos sociales, lo que generó una mayor polarización entre los grupos que defienden los intereses de los sectores más vulnerables y aquellos que abogan por una gestión pública más eficiente y sostenible de los recursos.
Desenlace de la protesta
Aunque la amenaza de un plantón indefinido puso presión sobre las autoridades municipales, la situación fue resuelta temporalmente a través de un acuerdo que permitió que el gobierno municipal suspendiera la instalación de los medidores en la Colonia Paraíso de Jesús hasta que se llevara a cabo una consulta pública sobre el tema. La protesta no solo logró visibilizar las preocupaciones de los vecinos, sino también poner de relieve las dificultades que enfrenta Tehuacán en términos de gestión de recursos básicos.
Finalmente, la protesta sirvió para agudizar el debate sobre la gestión del agua en la ciudad, y Antorcha Campesina consolidó su rol como un actor importante en las luchas sociales relacionadas con los derechos de los ciudadanos más necesitados.
Recopilado por: Rodolfo Herrera Charolet
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