Una red de poder con rostro
empresarial
Red de poder y concreto: las empresas y socios detrás del Grupo Proyecta
Rodolfo Herrera Charolet
Detrás del
emporio inmobiliario Grupo Proyecta, promotor y artífice de desarrollos
residenciales de alto perfil como Lomas de Angelópolis, Cabo Norte
y Ciudad Modelo, existe una vasta red de sociedades mercantiles
que, más allá del desarrollo urbano, representan un esquema empresarial que resulta
depredador de los recursos públicos, genera un fuerte impacto
ambiental y está estrechamente vinculado con figuras políticas y
empresariales del más alto nivel.
El grupo es
liderado por los hermanos Posada Cueto: Rafael, Alejandro, Gabriel,
María Elena Asunción y Gabriela María. De acuerdo con registros oficiales,
entre todos controlan al menos 44 empresas, la mayoría con giro
inmobiliario, turístico o financiero.
Entre los
hermanos, Alejandro Posada Cueto sobresale como el más activo: participa
como accionista en al menos 21 sociedades mercantiles, seguido de Gabriel
con 18, Rafael con 13, María Elena Asunción con 5
y Gabriela María con una.
Estas
empresas están interconectadas mediante alianzas estratégicas con otros nombres
de peso en los sectores financiero e inmobiliario, como el del exsecretario de
Hacienda Pedro Aspe Armella —figura clave del salinismo— y sus hijos,
los hermanos Aspe Bernal. En conjunto, los Posada Cueto y los Aspe son
socios en Alpha Residences Puebla, Dominio Capital, Grupo
Desarrollador Internacional y Residencial Urvanilla.
Además,
Grupo Proyecta o sus empresas vinculadas mantienen relaciones societarias o de
coinversión con los hermanos Gerardo y Manuel Pandal Ruiz, Julián
Ventosa Aguilera, Fernando Alonso González, José Antonio Álvarez
López, Luis Escudero y Montoto, Francisco Salvador Echeguren
Barroeta, Alejandro Rafael Ventosa Posada, Francisco Javier
Roberto Acosta, Yajaira Larios Leyva, y los hermanos Ana Luisa y
Luis Carlos Escudero Vidales, entre otros actores relevantes del sector.
Urbanismo sin freno, con agua del Estado y sin
plantas tratadoras
Buena parte
del crecimiento de estas empresas ha sido posible gracias a gobiernos
permisivos, tanto estatales como municipales, que han facilitado los
cambios de uso de suelo, las concesiones de servicios públicos y la expansión
urbana a través de alianzas poco transparentes.
Los
desarrollos impulsados por estas compañías hacen uso intensivo de servicios
públicos, especialmente agua potable, drenaje y electricidad, cuya
infraestructura es sufragada con recursos estatales y federales. No
obstante, la mayoría carece de sistemas propios de tratamiento de aguas
residuales, lo que genera un impacto ambiental creciente y sin
precedentes en regiones ecológicamente sensibles como los valles de
Atlixco, Amozoc, y la cuenca del Alto Atoyac.
A pesar de
la magnitud del impacto ecológico, no existen reportes públicos detallados
sobre los planes de mitigación o compensación ambiental por parte del grupo ni
sus desarrolladoras asociadas. Esta situación ha sido señalada por colectivos
ambientales, académicos y urbanistas como una forma de “urbanismo extractivo”
que privilegia la rentabilidad por encima de la sostenibilidad y la equidad
social.
Silencio oficial y normalización del
privilegio
Mientras
estos consorcios continúan expandiendo sus megaproyectos, el Estado ha
mantenido una actitud de colaboración o, en el mejor de los casos, omisión.
En muchos casos, los permisos, convenios y autorizaciones han sido otorgados sin
procesos públicos ni participación ciudadana, favoreciendo un modelo de
ciudad segregada, elitista y excluyente.
Al día de
hoy, Grupo Proyecta sigue operando con plena legalidad, sin que se haya
documentado sanción o proceso legal alguno en su contra por el uso excesivo de
servicios públicos, la carencia de infraestructura ambiental o el
desplazamiento de comunidades rurales.
Es tiempo de que los dueños de Grupo
Proyecta regresen un poco de lo mucho que han logrado, gracias a esos gobiernos
permisivos que no los obligaron a devolver un poco de equidad y justicia
social.
¿O no lo cree usted?
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