Armenta defiende su postura: “Primero el bienestar social”
Por Rodolfo Herrera charolet
Desde el Ejecutivo estatal, Alejandro Armenta Mier, advirtió de la expropiación de predios de inmobiliarias que se han beneficiado de gobiernos permisibles o que no han respondido al bienestar social y equilibrado de territorio urbano. Si bien es cierto que existen críticas de grupos privilegiados, dicha advertencia no fue vista como un acto autoritario, sino como una acción firme en defensa del interés público. Voceros del gobierno han señalado que muchas de las grandes desarrolladoras inmobiliarias se han beneficiado durante años de políticas urbanas permisivas, acumulando enormes extensiones de tierra, con acceso a servicios públicos subsidiados, y han hecho uso intensivo de recursos naturales como el agua, en zonas donde la población carece incluso de acceso regular a estos servicios.
La política anunciada por el gobernador Armenta busca redistribuir parte de esos beneficios hacia sectores tradicionalmente abandonados, como las y los policías estatales, quienes en su mayoría suelen vivir en condiciones precarias, lejos de sus centros de trabajo y con acceso limitado a los servicios básicos.
“No se trata de castigar a nadie, sino de establecer un nuevo equilibrio. Si las inmobiliarias se han enriquecido gracias al desarrollo de Puebla, es justo que ahora devuelvan algo a la comunidad. Queremos que el progreso sea compartido”, afirmó un funcionario de la Secretaría de Gobernación estatal.
Además, desde el gobierno de Alejandro Armenta se enfatiza que no se trata de una expropiación arbitraria, puesto que la postura también se apoya en mecanismos constitucionales y legales vigentes que facultan al Estado mexicano a expropiar bienes privados, siempre que exista una causa de utilidad pública debidamente justificada y se garantice el pago de una indemnización justa. Así mismo es una llamada a estos desarrolladores a que se sumen al compromiso social. “Las empresas pueden donar voluntariamente, participar en esquemas de coinversión o abrir mesas de diálogo. Pero si se niegan, el Estado tiene la facultad de actuar por el bien común”, señalaron funcionarios desde Casa Aguayo.
Apoyo desde sectores progresistas y académicos
Distintos sectores sociales, colectivos urbanos y académicos ligados a temas de justicia territorial y derecho a la ciudad respaldan la postura del gobernador. Puesto que consideran que, durante la última década ante el acelerado crecimiento de zonas residenciales de alto nivel —como Lomas de Angelópolis o Haras del Bosque—, es necesario garantizar que ese mismo suelo urbano sea accesible para trabajadores esenciales, quienes en su mayoría no tienen el poder adquisitivo para lograr dichos beneficios, como los elementos de seguridad pública.
“Durante décadas, el desarrollo urbano ha beneficiado a unos cuantos. Este tipo de medidas nos recuerda que el suelo es un bien estratégico y que su uso debe responder a necesidades sociales, no solo a intereses privados”, opinan urbanistas e investigadores del Colegio de México.
También se ha señalado que esta estrategia puede ser una forma para romper con viejos pactos de impunidad entre autoridades (municipales en su mayoría) y grandes grupos económicos que históricamente han operado con escasa o nula regulación.
“Puebla ya no puede ser tierra de saqueo. Quien quiera invertir, que invierta, pero bajo nuevas reglas donde la justicia social esté al centro”, han expresado activistas de las organizaciones opositoras en defensa del agua y el territorio.
Con esta política, el gobierno de Puebla pretende establecer un precedente en la relación entre el desarrollo urbano y el interés colectivo, colocando al Estado como actor regulador y redistributivo, en contraste con el modelo neoliberal que ha dominado por años en la planeación urbana del país.
0 Comentarios