Fauna Política
Por Rodolfo Herrera Charolet
El lunes 9 de junio del 2008, los representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla se dieron cita en un salón del Centro de Convenciones de la Ciudad de Puebla, en donde los representantes firmaron el acuerdo de Coordinación e Instalación de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia del Estado.
Este convenio, no es otra cosa, más que iniciar los trabajos que se deben realizar en el marco de las reformas constitucionales recientemente hechas y que ordena a las legislaturas de las entidades, adecuar sus leyes secundarias a fin de garantizar la garantía otorgada.
El Estado de Puebla se convirtió, con este evento, en la primera entidad del país en promover una Reforma integral al Sistema de Justicia, con el objeto de aplicar un nuevo modelo que permita una mejor seguridad pública, abatir la impunidad, generar y recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones, partiendo de un principio constitucional que ha sido aprobado recientemente y que garantiza al individuo la presunción de inocencia.
La presunción de inocencia o principio de inocencia es un poderoso baluarte de la libertad individual, en donde la autoridad es acotada en su actuación para poner freno a los atropellos que se provocan por la “culpabilidad por sospecha” y proveer a la necesidad de mayor seguridad jurídica.
Si bien es cierto que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”, en la práctica se presentaron confusiones, puesto que a conveniencia del Estado, entendía que se iniciaba una causa penal justamente porque se presumía la culpabilidad del imputado.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, diputado federal César Camacho Quiroz, en alusión a la firma del convenio, reconoció al gobierno del Estado, por la voluntad política de ponerse a la vanguardia de la Actualización y Modernización de la Procuración de Justicia. Puesto que, no obstante que ha quedado establecido en la Constitución Federal, el nuevo ordenamiento requiere del impulso y apoyo de los poderes de las entidades, para hacer realidad dicha garantía.
El documento firmado es el punto de partida para promover la Reforma en materia penal y de seguridad pública, aprovechando la experiencia que Puebla tiene en esta materia con sus programas de protección a las víctimas de delitos y la creación del Centro de Mediación.
La Reforma Judicial aprobada por el Congreso de la Unión y veinticuatro legislaturas pretende pasar de un sistema inquisitivo –detener para investigar- a un acusatorio –investigar para detener-que respeta los derechos ciudadanos.
Quizás la firma del convenio es un mero formulismo, pero necesario para entender que a partir de ese momento el gobierno debe trabajar en esa línea. Es el primer disparo de arranque de un maratón de reformas legales que deben realizarse en la entidad, aprovechar el momento para reformar de fondo las instituciones que se han rezagado y aportar todos los instrumentos jurídicos en beneficio de la colectividad.
Pero en este marco de referencia y actuación, la novatez, el enfado o el capricho, hizo presa de algunos legisladores, que deseando reflectores han olvidado el principio fundamental de su representación. En donde el bien colectivo se sobrepone al interés individual. Lamentable que 4 legisladores de los 41 que fueron invitados y 11 que asistieron al evento, se salieran del recinto, por no haberse sentado en un lugar distinto al asignado. Los diputados llamados de oposición, como una forma de allegarse comentarios o hacer presencia ante los medios de comunicación, denostaron el evento. Lamentable actuación de legisladores, cuando el país y los ciudadanos requerimos de reformas legales de fondo y cuando el fantasma de la descomposición social carcome la entrañas del Leviatán mexicano, poniendo en tela de juicio la representación popular.
Que si las opiniones de legisladores fueron incluidas en el documento firmado, que si la silla estaba acojinada o fue de vinil en lugar de terciopelo, que si les tocó un bloque de la izquierda a la entrada del recinto o que si les todo el lado derecho del fondo sin salida, no justifica la estrechez de visión pública ante el alcance del convenio firmado, puesto que el legislador de la LVII legislatura del H. Congreso del Estado será medido por el tamaño de su obra y no del lugar que hubiere ocupado en un recinto de evento cualquiera. De antemano sabemos, por experiencia propia, que las iniciativas de reforma partirán de los otros dos poderes y tocará al legislativo colocar las comas o modificar algunas de las palabras, para finalmente aprobarlas.
Así en este marco de referencia y arrojos políticos al descubierto, el salón “La Luz” dio a luz un acuerdo de voluntades, que quizás se vio empañado por un “lapsus del capricho” de algunos de sus protagonistas, que sin duda, deberán de superar con trabajo, desde luego en beneficio colectivo.
¿O no lo cree usted?
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