El conflicto de la UDLAP

  Fauna Política

UDLAP el recuento de daños

Por Rodolfo Herrera Charolet

A casi un año de haber intervenido el gobierno del Estado en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y haber tomado por la fuerza el control de campus universitario el martes 29 de junio de 2021. El motivo inicial que se deriva de un conflicto entre particulares, ya no se encuentra ni en segundo plano. Ese día mediante un comunicado fechado en Zapopan, Jalisco, firmado por el Patronato de la Fundación Jenkins afirma que le fue otorgada una suspensión federal para evitar que terceros usurpen sus funciones.

“La intervención en la UDLAP es un acto ilegal, autoritario y un atropello grave al Estado de Derecho. La violación a la suspensión federal constituye un fraude a la ley”, señala el comunicado.

En dicho patronato, en el que se encuentran varios miembros de la familia Jenkins de Landa, exhortó a las autoridades de Puebla en acatar la ley y permitir que estudiantes y docentes continúen con sus actividades. “Ningún diferendo de carácter administrativo está por encima del interés de miles de estudiantes y sus familias, que «son afectados por una acción injustificada mediante el uso de la fuerza pública estatal”, refiere.

Para el patronato existe una campaña de desprestigio en su contra, que ha derivado en acciones contrarias a la ley como los hechos ocurridos el martes 29 de junio, en donde el campus universitario ubicado en San Andrés Cholula fue tomado con el uso de la fuerza pública, aun cuando autoridades judiciales de la CDMX y del Estado de Puebla, ordenaron el día anterior que se les restituyera tanto la posesión jurídica, como material de las instalaciones. Por el contrario, ese día los uniformados desalojaron a personal administrativo, docente y alumnos. Posteriormente procedieron a bloquear todos los accesos al campus, al mismo tiempo fueron retirados vehículos de su interior con apoyo de grúas.

El asalto al campus universitario, provocó daños colaterales a más de 10 mil personas, que se agravaron por los efectos de la pandemia de SARS-Cov2, que afectaron además de las clases presenciales, las siguientes afectaciones:

01.- Los egresados no pueden recibir o tramitar la documentación para concluir su carrera universitaria y el respectivo trámite de titulación. Aun cuando al margen de la legalidad fue nombrada  la Junta para el Cuidado de las instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, misma que no actúa en favor de la comunidad.

02.- Nulo acceso a investigadores y alumnos en proceso de titulación que requieren de laboratorios, equipo y materiales que se encuentran dentro del campus universitario y se requieren para las diferentes etapas de investigación y conclusión de trabajos que se venían realizando.

03.- La falta de las instalaciones que utilizaban los alumnos de equipos representativos y culturales para prepararse, entrenar y participar en los eventos de su área. La mayoría de estos estudiantes, que participan en grupos o equipos de actividad física o cultural, buscan esa excelencia gracias a una beca de estudios.

04.-  Obstrucción a estudiantes que requieren práctica con equipos o instalaciones de las áreas científicas; simuladores médicos de alta tecnología, laboratorios de materiales, de fotografía, salones acondicionados (con cierta acústica, suelo o hasta con instrumentos musicales), entre otros.

05.- Personal docente y administrativo que dependen de la matrícula de alumnos  para desempeñar sus funciones y obtener ingresos para sustento propio y/o de sus familias.

06.- Negocios internos y externos cuyo flujo económico está vinculado a la actividad del campus, en especial conjuntos habitacionales y restaurantes.

07.- Daños materiales por el abandono de las instalaciones físicas.

Estos y otros daños son en parte la causa de una acción arbitraria y ejercicio despótico del poder, en donde los fines discrepan de un buen gobierno, por el contrario, evidencian la manipulación de las leyes en beneficio propio.

¿O no lo cree usted?