Fiscalizar al fiscalizador
Por Rodolfo Herrera Charolet
Tras
la destitución del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza
Aguilar, el que podría ser removido de su cargo es el auditor general del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (Orfise), Contador Público
Certificado Víctor Manuel Hernández Quintana, cargo que asumió el 1 de agosto
del 2007, a quien presumiblemente los diputados interesados le han integrado un
expediente.
Para
nadie es secreto que el despacho de Hernández Quintana fue el que auditó las
primeras cuentas públicas de Loeza Aguilar, en sus funciones como presidente
municipal 2005-2008 y que tras su remoción por acuerdo del cabildo, emprendió
su venganza como titular del Orfise.
Ante
la comprobación no adecuada de fondos públicos, el nuevamente presidente
municipal de Tlatlauquitepec, Loeza Aguilar, fue destituido el miércoles 28 de
septiembre de 2011 por el Congreso del Estado, que le imputa el desvío de 20
millones de pesos, con una sanción de inhabilitación por 11 años y en su caso
la cárcel por el daño causado, ante la defensa inadecuada montada por su asesor
jurídico y representante ante el Instituto Electoral del Estado, Jorge Luis
Blancarte Morales.
Debe
señalarse que el despacho de Hernández Quintana fue el auditor externo
contratado por Loeza Aguilar en el 2005 y aunque no auditó la totalidad de las
cuentas públicas de Tlatlauquitepec, si cobró entre noviembre de 2007 y
diciembre del 2008, la cantidad de 125 mil pesos, según consta en la cuenta
BBVA Bancomer 00146646700.
Independientemente
de que en el presente asunto las venganzas están a la orden del día y cada
bando en disputa saca sus trapitos al sol, lo cierto es que, algunos de los
requisitos que debe cumplir el titular del Orfise, es el de objetividad,
imparcialidad y probidad, mismos que se ponen en entre dicho; más aún, si dicho
titular fue el encargado de convalidar las cuentas Públicas del ex gobernador
del estado y que se dice, le otorgaron el salvoconducto necesario para evitar
cualquier rencilla (si la hubiere) de la actual administración, quienes le
habrían ofrecido su salida “digna”, misma que desechó aferrándose al cargo “como
perro a su hueso”.
Aún
cuando la defensa de Hernández Quintana pudiera estar soportada jurídicamente y
“quien nada debe nada teme”, la amenaza velada de ser revisadas minuciosamente
sus cuentas privadas, que pretenden evidenciar el cobro indebido de “igualas” o
“gratificaciones” de algunos presuntos beneficiados por cuentas públicas
aprobadas, podría ser el determinante de una renuncia anticipada, para evitar
el desgaste innecesario de oponerse a la decisión del gobernador o de los
diputados que ya pretenden fiscalizar al fiscalizador.
¿O no
lo cree usted?
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