Fauna Política
Jalisco: El despilfarro del erario público
Por Rodolfo Herrera Charolet
Con la presencia del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Iñiguez y otros dignatarios de la iglesia católica. El gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez, subrayó en el XIV Banquete del Hambre realizado el 23 de abril de 2008, que no le importan las críticas por lo que continuarán los donativos “por causas justas”. Alcoholizado y como se dice popularmente “hasta las chanclas”, el Gobernador militante del Partido Acción Nacional y católico de corazón, anunció un nuevo apoyo económico de 15 millones de pesos para el Banco Diocesano de Alimentos.
En la óptica del gobernante esta forma de gastar el erario, es una forma de combatir el rezago alimentario, afirmando entre otras frases las siguientes:
- "Yo tengo poco de Gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre, así de fácil”.
- "Digan lo que quieran -perdón, señor Cardenal- chin.guen a su madre".
- "Déjenme decirles que yo estoy comprometido con este movimiento y que traigo aquí un pin.che papelito (un cheque) que dice Gobierno de Jalisco, Secretaría de Finanzas”.
- "Óscar (García Manzano), ¿dónde andas? Hasta que, cab.ron, hiciste algo bueno por Jalisco”.
- "Éste es un cuete, no me importa, me cae, don Juan (Sandoval Íñiguez) absuélvame desde ya".
- "(El dinero) no es mío, yo no lo tengo, yo no tengo 15 millones de pesos, pero, ¿saben qué?, la gente votó por mí, la gente en su mayoría votó porque yo haga realidad lo que me comprometí en campaña y me vale madre si a algunos periódicos no les gusta”.
- "La gente votó por mí y en ese votar por mí debe tener el compromiso que yo he asumido de apoyar a los que trabajan porque no haya hambre en nuestro Estado".
Este donativo se suma a los 90 millones que autorizó para la Fundación pro Santuario de los Mártires Mexicanos, esta macro limosna provocó fuertes críticas al Gobernador, quien acumula más de 4 mil quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
El laicismo del Estado consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las conquistas de la reforma, impulsadas desde la Constitución de 1857, cuyo texto no fue aceptado por los conservadores de la época, rechazándola de irreligiosa e inmoral. En esa época la Santa Sede, en voz de Giovanni Maria Giambattista Pietro Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti Sollazzi (papa Pío IX), atacó los artículos aprobados por los constituyentes mexicanos acusándolos de injuriar a la religión, a la Iglesia católica, a la propia autoridad pontificia, a sus ministros y pastores. Desatándose el enfrentamiento entre liberarles y conservadores, cuando el 11 de enero de 1858 el mismo Auloaga pronunció en contra de Comonfort y se convirtió en presidente interino con su gabinete conservador. Las discrepancias provocaron la Guerra de Reforma, o de Tres Años, que se registra como la más Sangrienta e Intransigente de las conflagraciones civiles del siglo XIX en el México independiente.
Fue hasta el decreto de libertad de cultos de diciembre de 1860, días antes de finalizar la guerra, lo que atenuó los enfrentamientos, consagrándose como una de las mayores conquistas en pro de la libertad de conciencia y los derechos humanos, de la tolerancia y la democracia.
La máxima norma establece claramente que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. El estado mexicano (el gobernante) solo puede hacer aquello que le establece la norma y no puede conducirse a capricho.
En la Constitución mexicana el fundamentalismo religioso no tiene cabida puesto que es contrario a la democracia y los derechos humanos, en especial los de las mujeres. Más de cien años después, parece haberse olvidado la sangre derramada, cuando las actuaciones de algunos gobernantes identificados con las causas conservadoras a ultranza, vulneran el Estado moderno, el cual, se construye a través del fortalecimiento de los ordenamientos basados en la cultura democrática y de respeto a los derechos humanos.
Es por ello que el Constituyente incorporó el Carta Magna principios laicos, para que se respetaran las libertades religiosas y de pensamiento, para que el Estado tome decisiones de acuerdo al mandato constitucional libre de compromisos o ataduras religiosas, avanzando hacia una sociedad democrática, plural, tolerante e incluyente.
La independencia del gobernante, como jefe del Estado, de cualquier compromiso religioso se debe entender en el contexto del derecho a la libertad de los individuos que tienen de elegir su creencia o no creencia
Por otra parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 2o., fracción I, establece: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición." Y en su artículo 18 reafirma que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia."
En este marco de referencia y a la luz de los hechos, la actuación del gobernante producto de esta opinión, es consecuencia de obsesiones, abusos, cinismo, corrupción y el descaro, que enardecen a un pueblo empobrecido hasta el cansancio y que se encuentra a merced de pillos que ostentan el poder público.
¿O no lo cree usted?
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