Colonos protestan contra Antorchistas – 19 de enero de 2018
El 19 de enero de 2018, un grupo de vecinos del fraccionamiento San Juan Bautista y de la colonia 20 de Noviembre, ubicados al sur de la ciudad de Puebla, llevaron a cabo una protesta en la sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG), en Casa Aguayo, para denunciar un presunto intento de despojo de sus predios por parte de Antorcha Campesina, específicamente a través de la figura de la regidora Rosario Sánchez Hernández.
El origen de la protesta
Los vecinos manifestaron su preocupación de que Antorcha Campesina, y en particular la regidora Rosario Sánchez Hernández, estuvieran tratando de despojarles de los terrenos donde habían instalado sus viviendas. Según los denunciantes, los intentos de despojo se habrían intensificado debido a las presiones por parte de la organización para desalojar a los habitantes y ocupar los predios para otros fines. Los afectados denunciaron que estos actos no solo eran ilegales, sino también una violación a sus derechos de propiedad.
Los vecinos afectados manifestaron que, en varias ocasiones, habían recibido presiones por parte de miembros de Antorcha Campesina para abandonar sus hogares, bajo la amenaza de que la organización, con el respaldo de la regidora Sánchez Hernández, tomaría control de los terrenos para su propio beneficio.
La protesta en Casa Aguayo
Un centenar de vecinos se dirigieron a Casa Aguayo, la sede de la Secretaría General de Gobierno, para exigir que el gobierno estatal interviniera y detuviera los intentos de despojo. Durante la protesta, los manifestantes exigieron justicia, y pidieron que las autoridades garantizaran la protección de sus derechos y su propiedad privada.
En su denuncia pública, los vecinos acusaron a Antorcha Campesina de ser responsable de un sistema de presión para obtener terrenos mediante prácticas que consideraban ilegales y abusivas. Recalcaron que en el sur de la ciudad de Puebla ya existían antecedentes de otros intentos de invasión de terrenos por parte de la organización.
Reacciones y respuestas
La regidora Rosario Sánchez Hernández negó las acusaciones de despojo, asegurando que la protesta era parte de una campaña de desinformación y que las denuncias eran infundadas. En su defensa, Sánchez Hernández indicó que Antorcha Campesina buscaba promover proyectos de vivienda para los sectores más necesitados y no tenía intenciones de despojar a nadie de sus propiedades.
Por otro lado, los vecinos exigieron que la Secretaría General de Gobierno (SGG) tomara cartas en el asunto y que las autoridades municipales intervinieran para frenar lo que consideraban un abuso de poder por parte de Antorcha Campesina.
Contexto político y social
Este enfrentamiento se dio en un contexto político y social en el que Antorcha Campesina había ganado notoriedad en Puebla por sus acciones en defensa de los pobres y por su presencia en diversos sectores políticos. No obstante, la organización ha sido criticada por sus métodos, que muchos consideran violentos o ilegales, sobre todo en lo que respecta a sus actividades en la toma de terrenos y en la presión sobre autoridades locales.
Además, la presencia de la regidora Rosario Sánchez Hernández, quien estaba vinculada a Antorcha Campesina, generó aún más controversia, ya que los manifestantes la señalaron como una de las principales responsables de perpetrar el despojo de las propiedades.
Implicaciones para la comunidad y las autoridades
Este conflicto expuso las tensiones entre organizaciones sociales, como Antorcha Campesina, y los vecinos que buscan proteger su derecho a la propiedad privada. Además, puso de manifiesto las dificultades de las autoridades locales y estatales para manejar situaciones de conflicto social relacionadas con la ocupación ilegal de terrenos y el abuso de poder por parte de ciertos grupos.
Por un lado, la protesta reflejó las preocupaciones de las comunidades sobre el aumento de invasiones ilegales de terrenos y el temor a ser despojados de sus viviendas. Por otro, mostró la resistencia de las autoridades a intervenir en conflictos donde los actores sociales involucrados tienen una fuerte presencia política y económica en la región.
Repercusiones
El caso generó una gran cobertura mediática y aumentó la tensión entre los grupos sociales en la zona sur de Puebla. Además, se plantearon dudas sobre la eficacia de las autoridades locales y estatales para proteger a las comunidades de prácticas que consideran abusivas por parte de organizaciones con influencia política.
Las repercusiones de este conflicto también fueron políticas, pues tanto el gobierno estatal como el municipal se vieron presionados para tomar una postura clara frente a las acusaciones de despojo y el papel de Antorcha Campesina en la región.
Antorchistas invaden casas de “El Refugio” – 4 de febrero de 2018
El 4 de febrero de 2018, el fraccionamiento El Refugio, ubicado en las avenidas 3 Sur y 16 de Septiembre en la ciudad de Puebla, se convirtió en el centro de una nueva serie de invasiones por parte de miembros de Antorcha Campesina, una organización social conocida por su accionar en la ocupación de terrenos y viviendas. Este fraccionamiento ha sido un escenario recurrente de conflictos y enfrentamientos entre los ocupantes ilegales y los residentes originales, con un historial de ocupaciones ilegales desde 2010.
El origen de las invasiones
En enero de 2010, alrededor de 200 miembros de Antorcha Campesina, armados con palos, piedras y machetes, invadieron el fraccionamiento El Refugio. En esta ocasión, tomaron control de 92 viviendas recién construidas y 76 lotes dentro del complejo habitacional, despojando a los vigilantes y trabajadores de la construcción que se encontraban en el sitio. Las propiedades invadidas, que tenían un valor estimado en más de 49 millones de pesos, pertenecían al Banco Inmobiliario Mexicano (BIM).
El conflicto legal y la falta de desalojo
A pesar de que un Juez Séptimo de lo Penal emitió seis órdenes de desalojo entre 2011 y 2015, las autoridades estatales, específicamente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no pudieron ejecutar las órdenes. El principal argumento fue la falta de elementos suficientes para llevar a cabo los operativos, lo que resultó en el fracaso de estos intentos de desalojo.
En 2016, un séptimo intento de desalojo también fracasó bajo circunstancias similares, lo que permitió que las invasiones continuaran. Esto generó un creciente malestar entre los residentes originales del fraccionamiento, quienes llevaban años pagando por sus viviendas y viendo cómo sus comunidades se veían afectadas por las ocupaciones ilegales.
Reacciones de los vecinos y comerciantes informales
Las invasiones no solo afectaron a los propietarios legítimos de las viviendas, sino que también comerciantes informales, presuntamente afiliados a Antorcha Campesina, comenzaron a instalarse en áreas verdes y accesos principales del fraccionamiento. Esto generó dificultades de movilidad para los residentes, además de incrementar la inseguridad en la zona. Los habitantes denunciaron que la presencia de estos comerciantes informales dificultaba las actividades cotidianas y causaba molestias, ya que además, las áreas comunes no eran mantenidas adecuadamente.
Protestas y bloqueos de vialidades
En 2016, la situación empeoró cuando los miembros de Antorcha Campesina organizaron un bloqueo de vialidades en el sur de la ciudad, con el objetivo de impedir un desalojo programado por las autoridades. Durante este tiempo, también anunciaron una marcha multitudinaria a través de las principales avenidas de Puebla, lo que provocó un caos vial significativo y afectó gravemente la movilidad de la ciudadanía.
Los bloqueos y las marchas organizaron una gran tensión en la ciudad, ya que los residentes legales de El Refugio y las áreas aledañas se sintieron desprotegidos por las autoridades, que no pudieron garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales ni ofrecer una solución efectiva a los problemas derivados de las invasiones.
Impacto en la calidad de vida de los residentes
La falta de intervención efectiva por parte de las autoridades generó preocupación y resentimiento entre los vecinos legales de El Refugio, quienes veían cómo sus propiedades se desvalorizaban debido a la invasión de tierras y la presencia de grupos informales en la zona. Las tensiones aumentaron con el paso de los años, y muchos residentes de El Refugio comenzaron a temer que las invasiones pudieran extenderse a otras áreas del fraccionamiento o incluso a zonas cercanas.
Además, el impacto en la calidad de vida fue evidente: la inseguridad se disparó, la infraestructura del fraccionamiento comenzó a deteriorarse debido a la falta de control, y las acciones de Antorcha Campesina causaron un entorno de incertidumbre que afectó tanto a los habitantes como a los empresarios y comerciantes de la zona.
El papel de las autoridades y las implicaciones políticas
La inacción de las autoridades municipales y estatales ante la situación en El Refugio fue motivo de críticas. Los residentes se sintieron abandonados por las instituciones encargadas de proteger la propiedad privada y de garantizar la seguridad pública. En este contexto, las autoridades locales fueron señaladas por no haber respondido de manera efectiva ante los intentos de desalojo y por permitir que las ocupaciones ilegales se prolongaran durante tanto tiempo.
Por otro lado, Antorcha Campesina continuó siendo una organización de gran influencia política en la región, con la capacidad de organizar protestas, bloqueos y marchas masivas. Esto generó dudas sobre el compromiso político de los gobernantes para tomar acciones decisivas en contra de las prácticas ilegales de la organización.
Conclusiones
El caso de las invasiones de El Refugio expuso las tensiones entre la organización Antorcha Campesina y los residentes legales, además de reflejar la ineficacia de las autoridades para hacer cumplir las leyes y proteger los derechos de propiedad. Las ocupaciones ilegales y los intentos de desalojo fallidos dejaron una sensación de desconfianza en la gobernanza local, además de generar un ambiente de inseguridad y tensión política en el sur de Puebla.
Mientras tanto, los residentes de El Refugio continúan exigiendo justicia y una solución definitiva a los problemas derivados de la ocupación ilegal de sus propiedades, buscando que las autoridades intervengan para garantizar el estado de derecho y el respeto a la propiedad privada.
Recopilado por: Rodolfo Herrera Charolet
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