Fauna Política
Redes de poder y el Estado de "derecho"
Por Rodolfo Herrera Charolet
Reza un conocido refrán "Pa´los toros del Jaral, Los caballos de allá mesmo". Esto parece cobrar vigencia, tras la designación del prestigiado abogado penalista José Luis Nassar Daw, quien se hará cargo de la defensa o por lo menos del amparo que se ventila en el expediente 515/2012 con el Juez Cuarto de Distrito del Estado de Puebla, que promueve el ex secretario de salud del Estado, José Alfredo Arango García, quien pretende con este recurso legal, dejar sin efectos el aseguramiento de los bienes inmuebles de su propiedad y familiares cercanos, tras su detención por presunto enriquecimiento ilícito que promueve, por una parte, la Procuraduría General de Justicia.
El penalista José Luis Nassar Daw cobró celebridad tras haber sido mencionado como el abogado defensor de Lisette Farah, madre de Paulette Gebara Farah, aquella pequeñita cuyo caso se convirtió en un verdadero reality show mexicano, puesto que Paulette, que sufría de discapacidad motriz, fue encontrada muerta debajo de su propia cama y en el mismo cuarto que antes había sido inspeccionado por decenas de agentes ministeriales, familiares y periodistas y que obligó al procurador mexiquense Alberto Bazbaz Sacal, antes de renunciar a su cargo, emitir una declaración "la necropsia ni siquiera es concluyente para determinar que se trate de un homicidio…”, serán “los científicos” de la Procuraduría los que determinen los detalles de “la asfixia mecánica por sofocación” de la menor de cuatro años, que había sido reportada como desaparecida desde el 22 de marzo. Pero cinco días antes, el 31 de marzo de 2010, había afirmado en una prolongada conferencia de prensa que “No hay duda de que este caso se trató de un homicidio”.
José Luis Nassar Daw |
Aún cuando el domingo 4 de abril el procurador mexiquense ordenó la liberación de las cuatro personas arraigadas como sospechosas del presunto homicidio: las nanas Erika y Martha Casimiro, quienes cuidaron de la niña, que tenía discapacidad motriz; su padre, Mauricio Gebara Rahal, y la madre, Lisette Farah Farah, para el gobernador (en ese momento) mexiquense Enrique Peña Nieto, a partir del lunes 5, se convirtió en la principal crisis política y mediática.
Sin embargo la inexperiencia "aparente" del procurador mexiquense, fue rebasada por la declaración del dirigente estatal del PRD en el Estado de México, Luis Sánchez Jiménez, en el sentido de que el apoyo político de Bazbaz era el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en virtud de que fue el abogado defensor de Raúl Salinas de Gortari y estuvo al pendiente del caso de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 8 de diciembre de 2004, puesto que en las indagaciones Bazbaz fue pieza clave como Director General de Control de Procesos Penales Federales de la Procuraduría General de la República, cargo al que llegó en septiembre de 2007.
Nassar Daw y Asociados se hicieron cargo de la defensa en enero de 2009, de la profesora Magdalena García Soto, acusada de ser cómplice de Adán Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, acusados de haber violado a un niño en el Instituto San Felipe, en Oaxaca; el despacho también defendió a Miguel Nassar Haro (padre de José Luis Nassar Daw), acusado por el delito de secuestro. No debe pasar desapercibido que Miguel Nassar Haro fue el titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Egresado de la Universidad Panamericana, donde también estudió Peña Nieto, el abogado Nassar Daw defendió a través de su despacho a Raúl Salinas de Gortari, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito, y fue el responsable de tramitar la libertad bajo caución del hermano del ex Presidente, en junio de 2005.
La importancia en el resolutivo del juicio de amparo que se ventila ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, expediente 515/2012 cobra ahora una importancia inusitada, porque poco importa si el doctor Arango pierde o no sus propiedades, sino que el fallo en dicho expediente puede vislumbrar el final del asunto primordial que ocupa a los medios, a los abogados y al gobierno, que es precisamente la culpabilidad o inocencia de José Alfredo Arango García y sobre todo, las implicaciones que puede tener el eventual triunfo de Enrique Peña Nieto el próximo mes de julio, en las elecciones presidenciales. Realidad a la que no escapa el Estado y mucho menos su gobierno, porque no puede soslayarse en México las Redes de poder y el Estado de "derecho"
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