Fauna Política
Operativos para decomiso están fuera de la ley
Por Rodolfo Herrera Charolet
El artículo 14 Constitucional establece que nadie puede ser privado de la libertad, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Sin embargo, derivado de la alta complicidad y delincuencia desatada en el país, las autoridades ministeriales y policiacas han decidido violar este derecho y remendar en su caso, los informes que deban rendir ante las autoridades judiciales que conozcan del asunto, vía el amparo y justicia de la nación, de quien lo solicite.
El secretario de Seguridad Pública y diputado federal con licencia, Ardelio Vargas Fosado, sabe de esto. Sin embargo, el procedimiento resulta engorroso y deben actuar con mucho sigilo derivado de las filtraciones y cómplices que operan desde el interior de los propios cuerpos, que harían imposible la captura de presuntos delincuentes o en su caso lograr los decomisos que se han obtenido.
Aún cuando torcer la ley, no debe ser la práctica que debe seguir la autoridad, resulta necesaria para que pueda cumplirse la norma secundaría, parece ser el criterio que prevalece en el actual régimen. Un asunto que merece mayor análisis y libre de atavismos o formulismos.
En primer término debemos saber que la autoridad no puede actuar con impunidad, no debe violar la ley y mucho menos las garantías individuales amparadas por la carta magna, porque de hacerlo, está fomentado la corrupción de sus propios órganos de gobierno.
En segundo término, el valor probatorio de quien afirma, está obligado a probar.
Por tal motivo, resulta relevante analizar el contenido de la justificación que hizo el Secretario de Seguridad Púbica, en torno al operativo efectuado el pasado domingo 26 de julio, en donde se afirma que más de 7 millones de “Fayuca” fueron incautados.
El funcionario estatal pidió a la sociedad comprensión por el operativo realizado la tarde de ayer en el Mercado Jorge Murad Macluf, donde los efectivos de la estatal hicieron uso del poder del estado para decomisar mercancía de dudosa procedencia.
En el operativo policíaco los estatales e inspectores de Comercio Exterior, habrían usado gases lacrimógenos y detonaron sus armas hacia el aire, presuntamente para repeler la agresión de un grupo de comerciantes que trataban de impedir el decomiso de la mercancía.
El funcionario estatal afirmó que el Estado no permitirá que prevalezcan "áreas de impunidad", como venía operando el mercado que la ciudadanía ya reconocía coloquialmente como "La Fayuca".
Según Vargas Fosado, los comerciantes encabezados por un sujeto del que se desconoce su paradero, de nombre Miguel, iniciaron la agresión a los uniformados con palos, piedras, botellas y gases lacrimógenos, por lo que los integrantes de la fuerza pública sólo mantuvieron el orden público y repelieron la agresión. El funcionario estatal consideró que el "grupo de choque" pretendía impedir la actuación ministerial que se realizó en la tarde del domingo, 26 de junio de 2011, a "petición" de los inspectores.
El mercado de “La Fayuca” fue visitado por agentes de la Agencia Federal de –Investigación (AFI) y otros efectivos policiacos, el 5 de diciembre de 2007, hace más de 3 años. En aquella ocasión representó para las autoridades un fracaso, en virtud de que un “pitazo” alertó a los comerciantes. En aquella ocasión alrededor de 200 elementos federales y otros 20 del Grupo Táctico de la Policía Municipal, catearon locales en busca de material apócrifo. En el lugar ningún laboratorio fue encontrado, pero sí muchos locales vacíos. En dicha intervención policiaca fueron decomisados 348 mil 980 productos, integrado por 197 mil 380 discos compactos, 128 mil 100 DVD y 23 mil 500 videojuegos para Play Station de 72 locales cateados. En cambio, un operativo similar realizado en “La Cuchilla”, el 21 de septiembre de 2007, aseguraron 150 toneladas de artículos, se desmantelaron 120 laboratorios y se aseguraron 2 mil 928 quemadores.
Como justificación de las autoridades de la Procuraduría General de la República, informaron que el operativo fue llevado a cabo debido a las querellas presentadas por los apoderados legales de diversas empresas productoras de fonogramas y videogramas para dar cumplimentó a la orden de cateo número 06/2007 obsequiada por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado para hacer cumplir la ley con relación al artículo 424, que a la letra señala: “… se impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2 mil a 20 mil días de multa a quien produzca, introduzca al país, almacenes, transporte, distribuya, venda o arrende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal de Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.”
Lo que escapa para el Secretario es que en su operativo, del que ya se conocen sus resultados, no existe o no ha mencionado orden de autoridad competente, esto es, una orden de juez que ordene el cateo y que conozca de la causa y en su caso, hubiere ordenado dicho embargo. Ni tampoco menciona oficio alguno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ampare la orden de visita, porque en tal caso, debieron ser autoridades federales. Pero en el supuesto de que fueran las estatales, tampoco menciona la orden de visita y en su caso el embargo, expedida por la Secretaría de Finanzas que amparado por el Convenio de Colaboración Administrativa debió de haber emitido.
Otro asunto que no debe pasar desapercibido, es el hecho de que los efectivos policiacos utilizaron gas lacrimógeno y detonaron sus armas apuntando al aire, exceso de fuerza que a decir de la propia autoridad, fue la respuesta a la agresión que sufrieron de parte de los comerciantes “fuertemente armados hasta los dientes” (esto es mío) con piedras y palos, hasta gases (¿?). Lo que yo no entiendo, es como le hicieron los comerciantes de “La Fayuca” para tener “gases lacrimógenos” y solo haberse defendido con piedras y palos.
Ahora resulta que el tal Miguel, que nadie vio, ni conoce, ni aprehendieron, fue el que comandó el operativo de choque contra las fuerzas policiacas. Afirmación que no está probada y no sirve de excusa para avalar el dicho de la autoridad, puesto que al Secretario de Seguridad Pública le corresponde la carga de la prueba y no vale su simple dicho.
Estoy consciente de que debe respetarse la ley, pero parte del problema se deriva de la falta de empleo, la creciente inseguridad, los actos de corrupción y sobre todo de que los propios consumidores son promotores de dicha compra ilegal. Lo que no entiendo y no encuentro por ahora la forma, es la justificación de la autoridad de violar la ley, porque de ser así, la descomposición social será mayor, puesto que el responsable de cumplirla y vigilar que se cumpla, es el primero en corromperla.
Quizás, cuando el funcionario lea este editorial o le vayan con el chisme, algún flamante asesor le informe que debe cumplir con estas formalidades para enderezar su actuación.
Por lo pronto, en mi opinión y con los datos que dispongo, los operativos para decomiso están fuera de la ley.
¿O no lo cree usted?
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