No obstante que la Operación Angelópolis, en la que 32 empresas fantasmas manejadas por Florentino Daniel Tavera Ramos habrían lavado 427 millones de pesos involucró en una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal, al ex director de Multisistemas Cambio, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega y a ex titula de la Auditoría superior del Estado Francisco José Romero Serrano, ambos vinculados a proceso y privados de su libertad; un nuevo escándalo podría alcanzar (en mencionar al menos) al coordinador de diputados de Morena en San Lazáro, Moises Ignacio Mier Velazco.
Sin embargo, hay que decirlo claro, el error no parte del legislador federal, sino de su hijo el presidente municipal de Tecamachalco, Carlos Ignacio Mier Bañuelos quien contrató empresas vinculadas a los fraudes cometidos en contra del gobierno del Estado, una de ellas también vinculada al rey de los pisos firmes de sexenio marinista.
Otras empresas contratadas por Carlos Ignacio Mier Bañuelos siguen el mismo derrotero que utilizó Florentino Daniel Tavera Ramos, quien finalmente logró enviar recursos millonarios a nueve países, utilizando durante 22 meses a personas físicas que figuran como responsables de, al menos, 32 empresas factureras o intermediarias.
Lo anterior implica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, Tavera habría ingresado como apoderado legal o gerente con poderes para actos de administración, pleitos y cobranzas;cada mes en al menos dos empresas, utilizadas con la finalidad de triangular recursos con destino a países como Suiza, Estados Unidos o Hong Kong.
En las complicidades de Tavera y las autoridades de gobiernos participantes participaron, por lo menos, nueve fedatarios públicos, de los cuales, al menos cuatro tienen señalamientos previos por presuntamente haber constituido diversas empresas, en donde evidentemente los representantes legales fungieron como testaferros, fueron falsificadas las firmas o simplemente no se establecieron los protocolos necesarios para evitar la simulación que avalaron con fe pública. Razón por la cual el gobierno que encabezó José Miguel Gerónino Barbosa Huerta ordenó las indagatorias que concluyeron en el retiro de las patentes notariales.
Lo que resulta relevante y que posiblemente omitieron los asesores de Tavera y de otros "empresarios" fue el desconocimiento de las modernas herramientas de información pública, con las cuales dispone tanto la autoridad como los particulares. Algunas de ellas es la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema de Información Registral y Catastral, en donde figuran las 32 empresas de Tavera, que forman parte de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el presunto blanqueo de capitales hasta por 427 millones de pesos.
La estrategia que utilizó Tavera, es tan sencilla como evidente y que obedece a un asesoramiento medianamente mediocre, aunque exitoso en un principio.
Creó empresas con uso de testaferros, personas comunes de sitio comunes, sacrificables. Esto se sabe, en razón de los domicilios proporcionados de los presuntos accionistas, los cuales se ubican en su mayoría en colonias populares en donde las construcciones tienen como mayor atributo la pobreza.
Inmediatamente, tras la constitutiva ante fedatario público (notario o corredor público) de la empresa, ordenó la expedición del poder a su favor, con amplios poderes, en especial para el manejo bancario. Este poder fue otorgado a uno o dos dias despúes de haberse creado la empresa. Posiblemente cometió un error, en virtud de que alguna institución bancaria rechazó el poder, por no ser ante Notario Público, en virtud de haberlo realizado ante Corredor Público. Cualquiera que sea la razón por la cual, tras solicitar un poder ante Corredor Público, solicitó el mismo a un Notario Público.
El objeto social de la empresa es amplio que resulta excesivo, sin tener la capacidad técnica, operativa o inventarios necesarios para otorgar el bien o proporcionar el servicio.
El domicilio de la empresa se ubica en lugares en donde no fue encontrada la misma, inexistentes o con error en el número, nombre de la calle o colonia y que evidencia la simulación.
La falta de operadores, asesores o intermediarios para realizar los trámites notariales. Esto se sabe, porque un nombre que coincidió en varias empresas creadas por Tavera, es precisamente el responable administrativo Mauricio Hernández Tlacuilo.
¿Quien diablos es Mauricio)
Maurio Hernandez Tlacuilo es un abogado egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el 2009 con cédula profesional 6231039.
Otros operadores oficiosos
Arturo Muñoz Adauta, con licenciatura en Derecho y también con Maestría en Derecho de la Escuela Libre de Derecho con cédulas profesionales del 2011 y 2017 respectivamente. Relacionado con empresas que se vincularon con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Fedatarios descuidados o cómplices:
De los nueve fedatario que crearon las 32 empresas con apariencia de fachada y que fueron utilizadas por la Red Tavera, al menos cinco de ellos han enfrentado señalamientos por diversas irregularidades: Leonardo Adolfo Molina Yano, Jaime Juárez Hernández, Norma Romero Cortés, Alexandra Herrera Corona y José Alejandro Romero Carreto.
17 de abril de 2023
Esta historia continuará....
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