Corrupción de la abogacía

Fauna Política

Entre la ética profesional y la corrupción

Por Rodolfo Herrera Charolet

Aún deseo tener la esperanza de que en el ejercicio profesional de la abogacía hay litigantes y jueces honestos. Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009, me di a la tarea de hacer una encuesta, un cuestionario que fue aplicado entre amigos y conocidos de mis amigos que pasan horas entre tribunales y demandas o querellas, entre la mediación y la solicitud de aplicar medidas coercitivas para el logro de sus objetivos y que lo hacen como parte de su vida cotidiana.

Debo confesar que los resultados no son nada halagadores, pero aún sigo creyendo que las nuevas generaciones de abogados, podrían mejorar el rumbo que requiere tanto el ejercicio público como la profesión misma.

Se dice y no me consta, que la ley se compra o que si hay dinero de por medio en el asunto no habrá problema en la solución. La encuesta que no es ley, pretendió escudriñar entre los pasillos tortuosos de la vida en los tribunales, si era cierto el rumor o sentir de quienes han recurrido a ellos buscando justicia y han sido víctimas o beneficiarios en la práctica profesional.

Es costumbre, según dice la mayoría de los entrevistados, que para realizar la diligencia de notificación de adeudo y embargo en un juicio mercantil, se debe dar un dinero al diligenciario. Se acostumbra dar mil quinientos a dos mil pesos, en ocasiones mayor cantidad, dependiendo de la dificultad del asunto. Esto es, porque algunos funcionarios que realizan esta actividad deben señalar bienes inexistentes a fin de “facilitar” otras medidas que son útiles para lograr el cobro.

Cuando se contrata a un perito, debe tenerse en cuenta los que cobran barato y los que cobran caro, la razón según dicen los entrevistados, es que los económicos no necesariamente hacen un buen trabajo, peritajes que pueden ser echados abajo o que son susceptibles a errores porque no aplican procedimientos de vanguardia o son tan obsoletos que otros ya están aplicando. También debe saberse quien es el perito de la contraparte, para entrevistarse y ofrecerle un dinero a fin de que el peritaje nuestro sea el “bueno”. Si nos vamos a un tercero en discordia, se dice que se aplica el procedimiento de “quien ofrezca más billete” es quien gana. Otros afirmaron que hay peritos con prestigio, cuyas prácticas honestas pueden echar por tierra las componendas que “otros” aceptan.

Si fuera necesaria la aplicación de una orden de aprehensión, se dice que es costumbre contratar a los judiciales que realizarán la tarea, la razón es que de no hacerse se corre el peligro que los conocedores de la orden “den el pitazo” a la contraparte y la pasen “a la bascula” o que en otros de los casos, los servidores públicos no presten la atención adecuada y permitan con su inmovilidad, que la contraparte logre instrumentos jurídicos que lo libren de la aprehensión o que sabedora de la orden “ponga tierra de por medio”.

La corrupción la han definido algunos eruditos como “el fenómeno político, social y económico que la sociedad percibe como enriquecimiento ilícito en perjuicio de una persona o grupo de personas, que pueden trascender hacia la sociedad en perjuicio de las instituciones públicas o privadas”.

La corrupción de la profesión de abogado, no solo debe evitarse, sino castigarse severamente, en virtud de que al permitirse o tolerarse se pone en peligro la estabilidad social y el derecho que tiene todo individuo de una aplicación justa de la ley, más aún si esta irregularidad la propicia un conocedor del derecho en donde obra con ventaja con respecto a quienes no conocen de la ley (no obstante que no sea excusa su desconocimiento).

Creo que es necesario que la ley busque además de la verdad jurídica, la aplicación justa de la ley, en donde debe privilegiarse un Estado Justo antes que un Estado de Derecho. Ninguna sociedad resultará viable si solo observando una aplicación estricta de la ley no se busca el de justicia. Un juez puede resultar estricto en la aplicación de la ley, sin que necesariamente sea justo, ya sea porque aquel que demanda justicia, no fue astuto, sagaz o no tenía los medios para allegarse de los mejores peritos o litigantes. El ejercicio del juzgador recobra un relevante nivel, cuando en la búsqueda de la verdad jurídica, la justicia es el primer valor que se privilegia, la honestidad del ejercicio público es la norma y la ley es solo una rienda de conducción y procedimiento.

Cuando comenté a mis amigos mi deseo de iniciar acciones para lograr un Estado Justo y no solo de Derecho, así como combatir la corrupción profesional de la abogacía, entre la riza y el descaro me dijeron que mis pretensiones eran inocentes, porque eso nadie lo puede cambiar y nadie está peleado con el dinero. Sin embargo sigo siendo un necio, creyendo que las nuevas generaciones de abogados, podrían encausar sus esfuerzos para cambiar la percepción que hemos tenido y tenemos de quienes imparten justicia. La corrupción es el cáncer que termina con cualquier sociedad, no pretender un Estado de Justicia bien puede llevarnos al de barbarie, en donde al buscar justicia se haga por propia mano.

¿O no lo cree usted?